Sectores amenazan con romper el estado de excepción mientras el Gobierno debate su ampliación
El estado de excepción cumple los 90 días el 18 de septiembre. Varios sectores anuncian movilizaciones a pesar de su prohibición; otros esperan que se cumplan los 90 días para iniciar sus protestas. Desde los órganos Ejecutivo y Legislativo se plantea su ampliación, pero todavía no hay una decisión.
Mientras algunos sectores sociales anuncian que romperán el estado de excepción y otros anuncian que esperarán a que se cumplan los 90 días para asumir acciones exigiendo la abrogación del Decreto Supremo (DS) 5676, desde el Órgano Ejecutivo el debate está en la mesa y, de por medio, se registra la propuesta de ampliar la medida ante las amenazas del “narcoterrorismo” contra la democracia, hecha por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
El DS 5636 aprobó la medida el 18 de junio, cuando se cumplían más de 50 días de bloqueo de carreteras y después de la firma de un acuerdo para pacificar el país con el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y está vigente hasta el 18 de septiembre.
El decreto prohíbe los bloqueos de vías, el control de concentraciones públicas sin autorización y restricciones temporales a la circulación en zonas de intervención, y garantizaba la circulación y el tránsito en la mayor parte del territorio nacional.
Previamente, a raíz del nuevo sistema cambiario del dólar, asumido por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz el 19 de julio, después de 15 años en los que se mantuvo el tipo de cambio en Bs 6,86, gremiales, choferes, importadores y otros sectores advirtieron que esa nueva política afectaba su economía y que esperarían a que transcurrieran los tres meses de estado de excepción para iniciar sus protestas.
Esta medida fue incumplida por los productores de coca del Chapare de Cochabamba, que realizaron varios encuentros políticos desafiando la medida, y el pasado 26 de agosto se realizó una asamblea en Ivirgarzama, donde se definió iniciar las protestas contra el DS 5676 este viernes 4 de septiembre.
Antes, la Asociación de Jubilados Fabriles de La Paz salió en marcha de protesta en contra del DS 5676 y la eliminación de los descuentos a sus afiliados, dispuesta por el DS 5654, que eliminó el descuento automático de los aportes para los sindicatos desde las planillas de las instituciones del sector público. El máximo dirigente, Porfidio Torrejón, desafió a otras organizaciones a romper el estado de excepción.
Sin embargo, la aprobación del DS 5676, que dejó sin efecto la subvención del diésel a los Grandes Consumidores y fijó el precio en Bs 18, provocó reacciones de protesta y advertencias de iniciar movilizaciones de parte de sectores productivos, el transporte y organizaciones sociales, colocando al país ante el riesgo de una nueva convulsión social.
La Cámara de Transporte de Cochabamba, por ejemplo, otorgó cinco días de plazo al Gobierno para que presente una propuesta formal y técnica documentada y que fije un plazo para su discusión.